Organizacion judicial española esquema
Tribunal supremo de españa
España está dividida en 17 Comunidades Autónomas, cada una con su propio Parlamento y Gobierno. Aunque la Constitución española define a España como unitaria e indisoluble, también reconoce y garantiza el principio de autonomía de las nacionalidades y de las regiones españolas.
En España, la Cámara Legislativa o Parlamento (Cortes Generales) ejerce el poder legislativo. Sus dos cámaras -el Congreso de los Diputados (la cámara baja) y el Senado (la cámara alta)- son elegidas por el pueblo y aprueban las principales leyes.
Sin embargo, algunas áreas del derecho son competencia de las comunidades autónomas. Cada comunidad tiene su propio conjunto de competencias transferidas; normalmente las comunidades con un nacionalismo local más fuerte tienen más competencias. Las competencias se recogen en sus propias leyes orgánicas, conocidas como Estatutos de Autonomía.
Por regla general, las competencias de las Comunidades Autónomas se extienden a todas las materias no atribuidas al Estado por la Constitución, así como al desarrollo legislativo y a la aplicación de la legislación básica y de la legislación estatal.
Wikipedia
Desde hace tiempo existe en España un consenso básico sobre la necesidad de dar un impulso modernizador a nuestro sistema de justicia. Se trata de introducir cambios estructurales en la organización y funcionamiento de sus tribunales de justicia. Estos cambios permitirían a los tribunales aprovechar al máximo el hecho de estar dotados de más recursos, lo que redundaría en una mayor eficacia. A partir del 1 de enero de 2010, ese cambio cualitativo en la estructura de la justicia se produce con la puesta en marcha del nuevo modelo de oficina judicial, un elemento clave para atender la demanda ciudadana de una justicia ágil, moderna y eficaz. La Ley de reforma procesal que ha creado la nueva oficina judicial ha sido aprobada por unanimidad, lo cual es un hecho especialmente importante y significativo porque un apoyo tan amplio y sólido garantiza la estabilidad y el éxito de una transformación de tanta importancia en el funcionamiento diario de la Administración de Justicia (Nueva oficina judicial modernización de la justicia).
Derecho civil español
La LAJG incorpora el derecho a solicitar la sustitución del letrado designado en el nuevo Art. 21 bis,17 como medida vinculada a la calidad de la asistencia prestada. Esta modificación eleva el nivel de protección, ya que anteriormente no se contemplaba este derecho. La legislación española también permite solicitar la sustitución por otro abogado de oficio o designar un abogado de la propia elección del acusado,18 aunque éste no es un derecho ilimitado. El derecho de defensa permite al demandado cambiar de abogado si ha perdido la confianza en la persona designada inicialmente (o desea designar un abogado de su propia elección). Sin embargo, esta solicitud puede ser rechazada, sin infringir el derecho de defensa, si la solicitud es arbitraria a juicio del tribunal, es decir, si está motivada de forma irrazonable o injustificada:19
Aunque la reforma preveía la designación de oficio del abogado, y su sustitución a petición del demandado, la ley española no dice nada sobre la posibilidad de que el juez ordene la sustitución del abogado, por decisión propia y no a petición del demandado (ya sea que el abogado haya sido elegido por el demandado o que haya sido designado de oficio). Por ello, la reforma no aprovechó la oportunidad de retomar la respectiva jurisprudencia de los tribunales inferiores españoles para resolver esta cuestión.
Derecho y sistema jurídico español
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Los tribunales unipersonales son aquellos tribunales que son controlados por un solo juez a diferencia del resto de los Tribunales Superiores de Justicia controlados por paneles de jueces. Son las unidades básicas del procedimiento judicial en España.
El Tribunal Supremo de España es el máximo órgano judicial de España. Compuesto por cinco salas, conoce de todos los órdenes jurisdiccionales y sus sentencias no son recurribles, salvo ante el Tribunal Constitucional, cuando una de las partes alega que se han vulnerado sus derechos constitucionales.
Los Tribunales Superiores de Justicia tienen competencia en una sola comunidad autónoma, y son el máximo órgano jurisdiccional de la comunidad autónoma sin perjuicio del Tribunal Supremo[3] Se dividen en tres Salas que abarcan cuatro órdenes jurisdiccionales:
